Entre decepción y enojo provocaron las respuestas que Capitanich y Casamiquela les dieron a los gobernadores de provincias vitivinícolas en la reciente reunión.
Los hechos determinan que las soluciones tendrán que salir desde la propia industria, porque en Buenos Aires pasa siempre lo mismo: nos escuchan, dicen comprendernos, destacan el esfuerzo y el avance de la industria pero las soluciones no llegan”, señaló un dirigente vitivinícola al enterarse de los resultados de la reunión que mantuvieron el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, con los gobernadores de las provincias vitivinícolas.
En ese esquema, continúa entonces la búsqueda de encontrar una salida para “sacar” excedentes a los efectos de tonificar el precio del vino de traslado.
A la reunión en Buenos Aires, a excepción de Neuquén, estuvieron todos. Los gobernadores de Mendoza, San Juan, La Rioja y Salta concurrieron acompañados por sus ministros de Economía y la intención pasaba por establecer la posibilidad, en primer término, de lograr un aporte monetario a los efectos de poder adquirir aproximadamente 100 millones de litros o bien establecer algún tipo de incentivo para exportar vinos a granel, especialmente hacia el mercado ruso.
El segundo planteo pasaba por solicitar que se eliminen las retenciones al vino, a los efectos de mejorar la competitividad en los mercados externos y tomando como base el hecho de que, tanto en vinos a granel como embotellados, la industria aporta una importante cuota de valor agregado. La respuesta volvió a ser un “ni”, postergando así las decisiones y generando nuevas decepciones, una situación grave en una actividad económica que se mueve por expectativas.
Para muchos sectores de la industria, la situación marca que, o bien ni Casamiquela ni Capitanich tienen poder de decisión dentro del Gabinete nacional y todo pasa por lo que determine el ministro de Economía, Axel Kicillof o, en una segunda opción, que al Gobierno nacional le preocupa muy poco lo que sucede con las economías regionales, ya que está enfrascado en una dura disputa con el campo de la Pampa Húmeda, que es quien aporta en mayor grado a las arcas del Estado con sus exportaciones.
En un plano más doméstico, la iniciativa del titular del INV, Guillermo García, de sacar del mercado a los vinos de bajo grado, generó una serie de reacciones que terminaron debilitando la propuesta. Un dirigente señaló que “hubo confusión, porque nadie habló de bloqueo, ya que una determinación de ese calibre, por ser una medida económica debe salir por ley nacional”, destacando que la propuesta se acercaba más a la posibilidad de establecer algún tipo de subsidio para enviar a destilería los vinos que no están en condiciones de circular. Tampoco ha avanzado en el ámbito legislativo la propuesta de los Títulos Vitivinícolas, mientras no aparecen en el horizonte otras iniciativas que permitan llevar algún tipo de solución en el corto plazo.
Por el momento, lo único que ha tenido un avance ha sido el proyecto de ley que permite la reducción de impuestos a las bebidas gaseosas que utilicen jugos naturales -entre los que se encuentra el mosto- para edulcorar. Se indicó que el Ministerio de Salud de la Nación ha solicitado una copia del mismo y que la intención sería la de apoyar la iniciativa.
Señaló la fuente consultada que hay decisiones del ministerio que permiten ser optimistas, destacando que ya logró la reducción del consumo de sal y otro tanto pasa con las grasas. “El elemento que le falta es el del consumo de azúcar y gran parte de la gente lo hace a través de las gaseosas, especialmente entre los sectores más populares.
El ministerio está de acuerdo en reemplazar el jarabe de alta fructuosa por jugos naturales”, se indicó. Las fuentes consultadas destacaron que, de lograrse la sanción del proyecto, podrían derivarse 50 mil toneladas más de mosto al mercado interno, lo que “sacaría” gran parte de la uva que actualmente va destinada a vinos.
Lo cierto y concreto es que esa demora en las soluciones han comenzado a poner nerviosos a algunas entidades. Es el caso de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y de Fecovita, quienes en una dura nota elevada al Gobernador aseguran que la crisis surgió por una errónea decisión en la determinación del porcentaje a mosto, destacando que al estancamiento del precio del vino se suma una alta inflación y una situación financiera con elevadas tasas de interés, impidiendo al productor el acceso al crédito y haciendo insostenible su situación y de la industria en general”.
Reclama entonces la implementación de un fondo de retención de stock para que el productor no malvenda su vino; la urgente implementación de los Títulos Vitivinícolas u otro instrumento que permita retirar excedente del mercado; peticionar a las autoridades nacionales subsidios a los fletes, la eliminación de las retenciones al vino, el aumento de los reintegros y así lograr competitividad; prorrogar los plazos de vencimiento de los créditos de cosecha, hasta tanto se vigorice el precio del vino; un plan de pagos acorde con la capacidad del productor para cancelar la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial; que el Gobierno fije claramente el porcentaje de mosto para la cosecha 2015, dejando en claro que debe ser el que permita regular el mercado de vinos y que se sancione la ley sobre uso de jugos naturales, entre otros aspectos.
Hay dirigentes que señalan que lo que hay que tratar ahora es que los daños por la actual situación sean los menores posibles, pero aclaran que “esos daños ya están, en personas, en empleos, en problemas para los pequeños productores y bodegueros chicos”. También coinciden en señalar que hay que cuidar el mercado interno porque el externo está complicado, a excepción de algunas bodegas que cuentan con prestigio y espalda financiera como para atravesar la coyuntura.
Con ese marco de situación comienza octubre, fundamental para la industria porque, por la brotación de las vides podrá conocerse cómo viene la próxima cosecha y porque es el mes que utilizan las grandes compradoras, especialmente los supermercados para establecer su stock con miras a las ventas de fin de año.