Por Carlos Iannizzotto – Gerente de Acovi – Vicepresidente de Coninagro
Hemos llegado a un punto donde las buenas expectativas creadas desde el 10 de diciembre están siendo empañadas por una coyuntura muy dura para todas las producciones regionales y la vitivinicultura no escapa a esta dura situación.
Esta coyuntura es lo que llamamos cosecha, vendimia, zafra o como quieran denominarla según el productor y la zona geográfica.
Y lamentablemente, el productor está en una situación peor que el año pasado para esta misma época.
Como sucede también en el resto de las economías regionales, en otros sectores de la cadena vitivinícola están viviendo este presente con realidades diferentes, porque con las medidas ya tomadas de la eliminación del cepo y las retenciones, pueden tener rápidamente una perspectiva de mayor rentabilidad en su negocio. En cambio, el productor no.
La diferencia es que el productor tiene una longitud en su negocio mucho más larga. Desde el momento que toma la decisión de llevar adelante sus labores, hasta que pasa todo el ciclo agrícola y cobra, es un tiempo muchísimo más largo que el desarrollado en otros sectores, sobre todo en el de la comercialización. Por ello el productor es el hilo más fino, que sufre un presente de extrema situación. Y no estamos hablando de los pequeños solamente, sino de los productores en general.
El impacto del alza de los precios ha dado de lleno en todos, pero la producción primaria es la que menos defensa tiene; sabe todo el trabajo que tiene que realizar y cómo los costos inciden. Pero no sabe cómo ni a cuánto va a vender su producto.
Esto pasa en el vino, en la pera, en los cítricos, en la lechería, en la horticultura y en la mayoría de las economías regionales. Hay una situación muy grave de concentración en la cual las empresas vinculadas a la comercialización pueden hacer frente a este impacto en los precios, pero el productor no.
Concretamente, en el caso de la vitivinicultura la situación es muy compleja. Como ya lo hablamos con el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, si no se complementaban las medidas tomadas la situación se iba a agravar, y esto es lo que ha sucedido.
Por un lado, hay un altísimo costo producido por el factor climático. Para poder salvar su producción frente a este tema, el productor ha tenido que recurrir a productos mucho más caros que los normales, además de los aumentos de los productos en general que han estado por encima del 50%, con mayor dosis y cantidades.
Junto a ello está el tema de la cosecha. Si bien hay buenas perspectivas para el futuro, hoy la coyuntura es tan grave que hace que el productor tenga que pensar que levantar la cosecha va a costar aproximadamente entre 90 y 100 $/qq.
A esto hay que sumarle el costo de elaboración, en donde el productor va a recibir menos litros por kilo de uva por los altos costos de energía, productos para elaborar, etc.
Frente a esto, también vemos que el operativo para sacar el sobrestock y revitalizar el precio del vino no se ha tomado con la fuerza y el énfasis que la urgencia requiere. Fue muy bien vista la venida del presidente Mauricio Macri pero no se tiene información de la marcha del operativo ni ha habido suficiente difusión.
Creemos que al Gobierno provincial le está faltando “apretar el acelerador”. Si bien entendemos que la Provincia tiene un problema financiero severo, aquí estamos hablando de productores que ven peligrar su cosecha, no sólo por el clima, sino también por los costos. No nos olvidemos que el año pasado, el que cosechó quedó endeudado, como pudieron evidenciar varios estudios realizados por el Observatorio de Economías Regionales de Acovi.
Mirando hacia el futuro, es muy posible que haya una mejora sustancial en el precio del vino. Lo que sucede es que si no se ejecutan rápidamente medidas oportunas que ayuden al productor, esta coyuntura de la vendimia va a empañar lo que puede ser luego una vuelta a una vitivinicultura rentable.
Estamos en camino a producir la misma cantidad de quintales pero con menos productores. Esto se llama concentración y produciría un cambio en el modelo vitivinícola productivo de Mendoza, basado en productores, hacia uno que beneficie a grandes grupos empresarios, que no tienen en cuenta ni el arraigo, ni el desarrollo local, ni mucho menos el empleo y el salario.
El ejemplo lo tenemos muy cerca en la Pampa bonaerense, en donde los grandes brookers son los dueños del supuesto “granero del mundo”. Grupos de inversores ajenos al plus que da el campo, desarrollo geográfico y una política poblacional armoniosa.
La última parte del eslabón de la cadena vitivinícola (la comercialización) ha realizado aumentos, pero el productor queda relegado (hay una pequeña tonificación en tintos) y esta situación continuará salvo que el Estado actúe fuertemente. A nadie le conviene una economía concentrada y al Estado mucho menos.
Frente a esta situación, el sector cooperativo puede darles a sus productores asociados una mayor sustentabilidad:
1. Frente a los daños climáticos, tiene un autoseguro que le permite pensar que el año que viene puede seguir manteniendo su finca.
2. Ante las enfermedades derivadas del exceso de lluvias, le permite al productor sacar productos a mejor precio y financiarlos en 18 meses.
3. Frente a la cosecha, el sistema cooperativo proporciona los adelantos financieros necesarios al menor costo para esperar que los precios se normalicen y que el valor del vino suba, como seguramente va a suceder.
4. El cooperativismo no produce excedente, todo lo contrario, vende más de lo que producen sus cooperativas. Y además paga un precio con un 40% más del que marca la Bolsa de Comercio. También está dispuesto a acompañar el esfuerzo del Gobierno en la recuperación del precio al productor, que es el interés del cooperativismo ya que sus dueños son los mismos productores.
El gobierno debe rápidamente convocar a las grandes empresas comercializadoras, para que acompañen a Fecovita a producir la suba del precio del vino al productor. Esto ya se ha hecho en otras oportunidades y el Estado tiene las herramientas para trabajar en forma conjunta con el sector privado.
La vitivinicultura necesita más que nunca un Estado fuerte a favor de los productores y del asociativismo, no con intervencionismos populistas e ineficaces, sino inteligentemente, que persuada a las grandes empresas y esté dispuesto aplicar las distintas disposiciones de orden público, para evitar el abuso dominante de las mismas, pues no hay razones que justifiquen el precio de miseria que reciben nuestros viñateros.
Publicado en Diario Los Andes, sábado 20 de febrero de 2016