El miércoles se llevó a cabo en la sede de ACOVI una reunión entre la Mesa de la Producción y el Empleo y el Superintendente Marinelli junto con su equipo técnico del Departamento General de Irrigación, en la cual se discutió en profundidad la naturaleza y el alcance del anteproyecto de código de aguas. Durante el encuentro, se abordaron tanto los aspectos generales del mismo como su potencial incidencia en los derechos que este modificaría, destacándose la especificidad de varios artículos que, según el análisis de la mesa, representan diversos cambios sustanciales respecto a las normativas vigentes.
En esta línea, se subrayó la necesidad urgente de contar con un Plan Hídrico Integral que no solo defina directrices y acciones, sino que también contemple un plan de obras alineado con el marco normativo vigente y futuro. En este sentido, es fundamental que la normativa hídrica refleje y apoye adecuadamente este plan integral, pues modificar las normas sin un conocimiento claro del plan hídrico (elaborado participativamente) a largo plazo podría resultar inapropiado o contraproducente, comprometiendo la seguridad jurídica y la efectividad de la gestión del recurso más valioso de nuestra provincia.
Durante el encuentro, se puso de manifiesto la preocupación por el impacto negativo que ciertas disposiciones del anteproyecto podrían tener en el desarrollo de Mendoza. Entre los temas abordados, se destacan:
- Modificación de Prioridades en el Uso del Agua: La propuesta de incluir el “arbolado público” como uso prioritario por encima de otros, junto con la potestad otorgada al Gobernador para requerir el cambio de las prioridades a favor de usos de menor preferencia sobre otros con base en un supuesto “beneficio económico-social notoriamente superior”, genera una profunda incertidumbre. Estas decisiones podrían derivar en conflictos en la asignación de recursos hídricos, afectando negativamente a sectores clave de la economía provincial.
- Innecesaria Intervención Legislativa en Concesiones de Agua Subterránea: Se cuestionó la necesidad de que la concesión de agua subterránea sea tramitada a través de la Legislatura, lo cual podría burocratizar un proceso que requiere agilidad y criterio técnico.
- Inseguridad Jurídica: Algunas disposiciones del anteproyecto podrían generar inseguridad jurídica, especialmente en lo referente a la duración de las concesiones de agua y la introducción de nuevas unidades de medida para su asignación. Estas medidas podrían violar los principios de igualdad y de inherencia, generando asimetrías en el sector y desincentivando la inversión.
- Confusión en la Aplicación de los Principios Rectores de la Política Hídrica Nacional: La inclusión de estos principios en el Código podría generar divergencias en su interpretación y, por ende, en su aplicación, y complicar la administración de las aguas interjurisdiccionales.
Si bien durante la reunión hubo apertura y una actitud receptiva por parte del Superintendente Marinelli y su equipo técnico, se puso el foco en la necesidad de que este proceso se lleve a cabo con mayor participación y reflexión, permitiendo un debate exhaustivo que garantice la solidez y la legitimidad de cualquier cambio en la legislación hídrica, considerando que su vigencia se extenderá por las próximas décadas.
La Mesa de la Producción y el Empleo (MPyE) están integrada por las siguientes instituciones:
- Marcelo Pieralisi – Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)
- Fabián Ruggeri – Asociación de Cooperativas Vitivinícolas de Mendoza (ACOVI)
- Jorge Mosso – Asociación de Ejecutivos de Mendoza (AEM)
- Martín Clement – Consejo Empresario Mendocino (CEM)
- Santiago Laugero – Federación Económica de Mendoza (FEM)
- Daniel Ariosto – Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM)
- Matías Diaz Telli – Unión Industrial de Mendoza (UIM)
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