Un informe dimensiona el aporte del cooperativismo vitivinícola a la economía de San Martín, donde cinco cooperativas concentran casi el 30% de la elaboración de vino y mosto. Un segundo estudio, realizado junto al INTA, analiza las transformaciones del territorio agrícola en seis departamentos de Mendoza y propone una agenda de trabajo con los municipios para consolidar las tierras productivas, promover la integración de las cadenas de valor y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico.
La vitivinicultura constituye una actividad estratégica para la economía de Mendoza, por su capacidad para generar valor agregado, integrar a pequeños y medianos productores y dinamizar las economías locales. Su importancia trasciende la producción agrícola e industrial, ya que sostiene un entramado de proveedores, comercios y servicios vinculados con el desarrollo de las comunidades.
En este contexto, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (ACOVI) presenta dos estudios complementarios que permiten dimensionar el impacto económico del cooperativismo vitivinícola en San Martín y analizar los desafíos que enfrenta el territorio productivo de Mendoza.
Los informes plantean la necesidad de vincular el ordenamiento territorial con la planificación y ejecución de políticas de desarrollo económico que fortalezcan las actividades productivas, promuevan inversiones y favorezcan una mayor integración de las cadenas de valor.
La presentación de los informes contó con la presencia del presidente de ACOVI, Ing. Fabián Ruggeri, y del vicepresidente, Jorge Barbero. Ruggeri subrayó que “el ordenamiento territorial es fundamental a la hora de diseñar cuál es la actividad o cuál es la matriz productiva del futuro” y explicó que, si bien la mayoría de los planes municipales contemplan la identidad cultural en su diagnóstico, sólo algunos departamentos lo llevan a las acciones, lo que abre un margen importante para trabajar con los municipios.
Por su parte, el gerente de ACOVI, Dr. Nicolás Vicchi expresó “No podemos pensar el ordenamiento territorial separado del desarrollo económico. El suelo agrícola de Mendoza no es simplemente una superficie que debemos proteger: es la base de un sistema productivo, económico y social que genera trabajo, sostiene familias, integra comunidades y permite el arraigo en nuestros oasis”.
Agregó “Estos dos estudios nos brindan una oportunidad concreta para avanzar desde el diagnóstico hacia una política pública de desarrollo territorial, con proyectos, inversiones, financiamiento y responsabilidades institucionales.”
El impacto económico del cooperativismo vitivinícola en San Martín
San Martín es uno de los principales departamentos vitivinícolas del país. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), cuenta con 25.417 hectáreas de vid, equivalentes al 18,1% de la superficie vitícola de Mendoza y al 13% de la nacional.
Durante la cosecha 2026, el departamento produjo 3,06 millones de quintales de uva, el 23,3% del total provincial y el 16,5% del nacional. En elaboración, alcanzó 271 millones de litros de vino y mosto, lo que representa el 26,7% de Mendoza y el 19,5% del país.
El cooperativismo concentra casi un tercio de la elaboración departamental
El sistema cooperativo vitivinícola de San Martín está integrado por cinco bodegas elaboradoras: Tres Porteñas, Colonia California, Nueva California, Brindis y El Poniente.
Estas cooperativas reúnen a 546 productores y 4.566 hectáreas cultivadas, equivalentes al 18% de la superficie con vid del departamento.
En este contexto, la superficie de viñedo cooperativo creció un 6,1%, mientras que la superficie vitícola registró una caída a nivel nacional, provincial y departamental.
Según los datos del INV y el estudio de ACOVI, durante 2026 las cooperativas procesaron aproximadamente 970.000 quintales de uva, el 31,7% de la cosecha departamental, y elaboraron cerca de 80 millones de litros de vino y mosto, equivalentes al 29,5% de la elaboración de San Martín.
Un dato significativo es que estas cinco cooperativas representan apenas el 5,3% de las bodegas que elaboraron en el departamento, según el último registro departamental disponible del INV (2021), pero concentran más del 30% de la elaboración vitivinícola de 2026.
Esta participación refleja la capacidad del modelo cooperativo para integrar a pequeños y medianos productores, alcanzar escala industrial y agregar valor en origen.
Más de $14.200 millones de valor agregado
El estudio económico elaborado por ACOVI estima que las cinco cooperativas generan un valor bruto de producción industrial de $30.400 millones, mientras que el valor agregado de toda la cadena cooperativa, incluyendo la producción primaria y la industrial, alcanza los $14.227 millones.
De ese valor agregado, el 75,6% corresponde a la producción primaria y el 24,4% a la elaboración industrial, lo que pone de manifiesto la importancia económica de las fincas y sus productores dentro de la cadena.
El informe estima que el cooperativismo vitivinícola representa aproximadamente el 1,12% del Producto Bruto Geográfico (PBG) de San Martín, el 9,2% de su valor agregado agropecuario y el 3,4% de su valor agregado industrial.
Además, identifica un efecto multiplicador sobre la economía local: por cada peso generado por el sector cooperativo se producen hasta $1,25 adicionales de gasto dentro del departamento, alcanzando un impacto potencial total de $2,25.
Estos resultados permiten dimensionar el aporte del cooperativismo no solamente a la producción de vino, sino también al funcionamiento de una red económica integrada por productores, industrias, proveedores, comercios y servicios locales.
Las transformaciones del territorio agrícola y la necesidad de planificar su desarrollo
Un segundo estudio realizado por ACOVI junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), sobre seis departamentos de Mendoza (Lavalle, San Martin, Maipu, Rivadavia, Junin y Santa Rosa) analiza las transformaciones del territorio productivo y los desafíos que enfrentan las actividades agrícolas.
El trabajo identifica procesos de fragmentación de fincas, abandono productivo y avance urbano sobre superficies tradicionalmente destinadas a la agricultura.
Estas transformaciones ponen de manifiesto la necesidad de incorporar la dimensión económica y productiva en los instrumentos de planificación territorial.
La protección del suelo agrícola no depende exclusivamente de establecer restricciones a su utilización para otros fines. También requiere generar condiciones económicas, infraestructura, servicios y oportunidades que permitan sostener y desarrollar las actividades productivas.
En este sentido, el ordenamiento territorial debe articularse con políticas de desarrollo económico que contemplen las características de cada región, su estructura productiva y las oportunidades de integración entre actividades.
Una agenda de desarrollo productivo para trabajar con los municipios
A partir de los resultados de ambos estudios, ACOVI propone impulsar una agenda de trabajo conjunta con los municipios, orientada a vincular la planificación territorial con políticas concretas de desarrollo económico y productivo.
Entre las principales propuestas se destacan:
- Identificación y desarrollo de zonas productivas estratégicas, considerando su valor económico, social y territorial.
- Programas de recuperación, reconversión y fortalecimiento de fincas, para generar condiciones que favorezcan la continuidad de la actividad agrícola.
- Desarrollo de infraestructura y servicios rurales, que mejoren la competitividad y las condiciones necesarias para la producción.
- Integración de cadenas de valor y desarrollo de proveedores locales, promoviendo la articulación entre productores, cooperativas, industrias, empresas y prestadores de servicios.
- Conformación de espacios de articulación público-privada, mediante mesas de trabajo y diagnósticos regionales que permitan definir prioridades, proyectos e indicadores de seguimiento.
La propuesta busca avanzar hacia una planificación regional que supere los límites administrativos de cada municipio y permita abordar de manera conjunta problemáticas económicas y territoriales compartidas.
La próxima actualización de los planes municipales de ordenamiento territorial, en el marco de la Ley Provincial 8051, constituye una oportunidad para incorporar estos criterios y articular las decisiones sobre el uso del suelo con estrategias de desarrollo de mediano y largo plazo.
De esta manera, la planificación territorial puede convertirse en una herramienta de desarrollo económico, fortaleciendo la producción, el arraigo y las oportunidades de crecimiento de las comunidades de Mendoza.