En la participación del Superintendente General de Irrigación Sergio Marinelli en la reunión de ACOVI a fines de agosto, se le presentó la problemática de las bodegas de cooperativas referida a la resolución 778 del Departamento General de Irrigación, sobre vertido de efluentes.
En esa ocasión, Marinelli mencionó que se realizaría una convocatoria a las cámaras para trabajar de forma conjunta en una nueva normativa más acorde a las realidades técnicas y jurídicas.
En ese contexto, se realizó una reunión general en la que se planteó la situación actual de los permisos de vertidos de efluentes. “Llamó especialmente la atención que de 1700 establecimientos solo 5 tienen permiso de vertido y 50 tienen convenio. Es decir que el resto está afuera de la normativa”, comentó el Dr. Nicolás Vicchi, coordinador institucional de ACOVI, quien participó del encuentro. En este contexto, Irrigación convocó a las cámaras para trabajar en una norma transitoria que permita a esos establecimientos adecuarse.
Asimismo, el jueves 28 de septiembre se realizó un taller para tratar específicamente los temas referidos al punto de vista jurídico y técnico.
“Respecto a lo jurídico, se comentó la intención de generar una norma transitoria que permita, mientras se estudia y desarrolla la norma definitiva, adecuar a aquellos establecimientos que hasta la fecha se encuentran incumpliendo lo establecido por dicha resolución”, señaló Vicchi.
Otro punto analizado fue la situación de algunos establecimientos que no han podido cumplir con los convenios debido a que la norma exige una duración de 2 años. Por ello, se planteó que los convenios tengan mayor plazo de duración, con etapas realistas a cumplir, acorde a la situación económica y financiera de cada establecimiento y del sector vitivinícola general.
También, se propuso un sistema de incentivos para premiar a aquellos establecimientos que van cumpliendo con la adecuación a la norma y se definió una próxima reunión con un borrador más concreto de parte del DGI en aquellas propuestas que permitan estudiar la exigencia de leyes complementarias, como el caso de la responsabilidad en los residuos tóxicos, con las propuestas del sector productivo y del sector público.