Las medidas del Banco Central de la República Argentina que restringieron el acceso a divisas para importaciones obligaron a las empresas a obtener financiación previa para poder importar bienes de consumo, materias primas, bienes intermedios y bienes de capital. Los efectos ya están comenzando a sentirse, a impactar en las empresas, y en definitiva en el abastecimiento a la población.
Se trata de medidas globales que no discriminan ni analizan los procesos productivos, generando dificultades indeseadas en las empresas y la población en general.
La crítica condición financiera y crediticia de Argentina limita la posibilidad de obtener financiación de proveedores del exterior, y en el caso que las empresas lleguen a obtenerlo, es a un costo elevadísimo. Esta medida impacta particularmente en las Pymes, ya que no tienen acceso a la financiación internacional.
La dificultad para girar divisas genera caída en los acuerdos con proveedores estratégicos y provoca un daño reputacional muy importante. Es más, en algunos casos no se puede seguir importando ya que hay facturas pendientes que no se pueden pagar, con posibilidad de ejecución de los seguros.
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A esto se suman las dificultades para obtener las autorizaciones para importar que se obtienen a través del Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
El conflicto de abastecimiento está comenzando a llegar a toda la cadena de valor de la producción, haciendo cada vez más complejas las operaciones en los diferentes sectores y rompiendo cadenas de producción estratégicas. Cada vez es más difícil el acceso a maquinarias o repuestos para mantenimiento de maquinarias, insumos, fertilizantes, equipamiento para la industria y de los sectores de prestación de servicios. A su vez, hay muchas empresas que son proveedoras de otras que producen bienes de consumo final, y que no pueden conseguir insumos clave. Incluso se producen inconvenientes al momento de pagar servicios vinculados a las exportaciones -tan necesarias para el ingreso de divisas al país- como es el caso de fletes, despachantes de aduana, entre otros.
Este escenario amenaza con disminuir o incluso, en algunos casos extremos, paralizar las operaciones de empresas, dañando a la economía en su conjunto, pudiendo afectar el sostenimiento de los puestos de trabajo, la recaudación impositiva, y deteriorar aún más los niveles de ingreso de la población. Asimismo, la menor disponibilidad de bienes agregará una presión adicional sobre los precios, agravando el proceso inflacionario. A su vez, cada vez se complicará más el abastecimiento de productos de consumo en el mercado argentino, afectando aún más a los ciudadanos en la disponibilidad de productos y servicios.
Es importante poder atender en forma urgente las necesidades de las empresas a fin de garantizar la continuidad del proceso productivo, evitar complicaciones en las cadenas de valor, asegurar las exportaciones que permitirán el ingreso de divisas al país y el abastecimiento del mercado para los consumidores argentinos.
En resumen, estas regulaciones provocan un efecto totalmente contrario al pretendido ya que terminan dificultando seriamente la producción y la exportación, y la consecuente generación de divisas. Por ello, instamos a las autoridades competentes a modificar o retrotraer las medidas adoptadas.
Es necesario y urgente generar un marco de estabilidad, de previsibilidad, para que las empresas puedan seguir produciendo con reglas claras y que se mantengan en el tiempo.
Mendoza, 2 de agosto de 2022.-
Sergio Martini – Presidente ACDE
Eduardo Sancho – Presidente ACOVI
Andrés Zavattieri – Presidente AEM
Eduardo Pulenta – Presidente CEM
Alfredo Cecchi – Presidente FEM
Daniel Ariosto – Presidente UCIM
Matías Díaz Telli – Presidente UIM