Vicchi: «la factura eléctrica fue el ítem de mayor variación interanual en 2019»

Vicchi: «la factura eléctrica fue el ítem de mayor variación interanual en 2019»

Fuente: Sitio Andino

Pese a la pretensión de las distribuidoras eléctricas de mejorar un 63% de VAD (Valor Agregado de Distribución), lo que impactaría en alrededor del 30% en las facturas, al cabo de la audiencia pública para tratar el planteo, el Epre formalizó un incremento promedio del 14% para los bolsillos de los usuarios mendocinos. La decisión queda ahora en manos del gobernador Rodolfo Suárez, quien deberá refrendar vía decreto si, como se había anticipado, se aplicará luego del congelamiento tarifario vigente, esto es, desde julio.

Asimismo, durante el tratamiento de los pedidos y el análisis de los números, las empresas pidieron algo que puede traer cola: que los reajustes tarifarios dejen de ser semestrales para aplicarse cada 3 meses. Detrás de ese propósito está el discutido ítem «ingresos no percibidos», una bolsa cada vez más grande adonde va a parar el diferencial de la inflación en los costos sin contemplar en los últimos ajustes, en este último caso de alrededor del 30% entre lo solicitado y lo otorgado.

«Se ha contemplado hasta ahora una actualización semestral. La última fue en agosto (la Revisión Tarifaria Integral que significó un 16% de ajuste), con lo cual ya estamos transitando la fase de ingresos no percibidos«, expuso el gerente de Cooperativa Eléctrica Godoy Cruz, Julio Gallego.

Andrés Carnevali, responsable financiero de Edemsa, se mantuvo en la misma línea pero con agosto de 2018 como punto de referencia para defender una suba del 63,4% descontado el mentado 16%Para el ejecutivo, «se deben considerar los costos reales de operación y el impacto ya causado por la inflación en la prestación del servicio hace casi un año y medio». De ahí la pretensión de «revisar dicho impacto en forma trimestral».

De acuerdo a la presidente del Epre, Andrea Molina, el planteo fue receptado. «Corresponde elevarlo al poder concedente para que decida al respecto, junto a la aplicación del aumento propuesto», resumió la funcionaria.

Según el ente regulador, en el 14% sugerido para trasladar a los usuarios está contemplado tanto el avance de las obras durante el año pasado (para Edemsa se invirtieron $3.500 millones sólo en «asegurar la prestación»), como la cancelación de las multas por fallas en el servicio, que las distribuidoras deben bonificar en las facturas a sus clientes. 

Por su parte, Fernando Formento, representante de Edeste y la Federación de Cooperativas Eléctricas, argumentó en favor de una suba superior. «Puede bajar la demanda estacional, pero no la potencia que necesita el usuario. Las obras de infraestructura demoran entre 5 y 7 años y no se pueden parar», adujo, con el ejemplo de la estación transformadora Los Barriales, en la que Edeste invirtió $400 millones y tiene un 90% de avance.

Cuánto pagará cada categoría

El criterio responde a que en Mendoza quien más consume, más pague. Por eso, si bien el porcentaje reconocido por el Epre es un promedio, en el reparto por consumo y categoría de usuarios diseñado por el organismo casi la mitad de los mendocinos con servicio eléctrico, los que consumen menos de 299 kilovatios bimestrales, deberán pagar un 8% más, equivalente a $73. 

Por su parte, sobre los usuarios residenciales con demandas de entre 300 y 599 kwh/bimestrales (T1 R2) recae el 14% de incremento: son 186.245 (34% del total), para quienes significa $341 por bimestre. ¿Cuánto deberán desembolsar los más de 198 mil cuentas con consumos superiores a los 600 kw? Un alza promedio del 15%, es decir, $700 más de lo que abonan hasta ahora.

Otra situación es la de los comercios pyme, industrias y productores con tarifa de riego. En su caso, el ajuste previsto es de 18%, «de acuerdo a sus consumos, potencia, categoría, contrataciones y estacionalidad», aclararon desde el Epre.

Qué dicen los usuarios

Entre asociaciones de defensa del consumidor y cámaras que representan a productores y empresas, la mayoría se inclinó por rechazar cualquier tipo de nuevo incremento para los usuarios. Aunque, se sabe, la audiencia tiene carácter no vinculante respecto a la decisión final del gobernador Suárez.

«Los usuarios tienen que decidir entre comer y pagar servicios, ya que sus ingresos no siguen a la inflación. Por eso nos parece atinada la decisión del Gobierno nacional de congelar tarifas durante el primer semestre», señaló Eduardo Femenías, de Consumidores Libres, quien criticó que la discusión no incida lo suficiente en el decreto reglamentario.

Luego de que Manuel Ponce, por Aderpe (Empresas del Carril Rodríguez Peña) solicitara «una tarifa diferencial para las empresas que certifiquen el uso de energías renovables» e incentivos para ese tipo de inversiones, Nicolás Vicchi, gerente de Acovi (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas) se ocupó de poner de relieve lo «insostenible de cualquier aumento para los pequeños productores» dado que la tarifa de riego «representa un 13% de su estructura de costos».

Según Vicchi, «la factura eléctrica fue el ítem de mayor variación interanual en 2019. Aunque para el Epre el VAD se ajustó casi 20% para esta temporada, si tomamos la campaña de setiembre a marzo los aumentos entre Nación y Provincia acumularon un 64%. La caída del precio del vino que recibe el productor en los últimos años llevó a muchos al quebranto, por lo que cualquier suba hoy es insostenible».

Romina Ríos, titular de Protectora Asociación Civil, y Gisela Lamberti, de Consumidores Mendocinos, coincideron en decirle no al incremento, con algunos matices.

Luego de hacer foco en Edemsa y exponer como excepción a Edeste por su cobertura en zonas rurales, Ríos enfatizó que «no debe aplicarse ningún aumento, al menos por ahora, y hasta tener un escenario claro acerca de la pesificación que impulsa la Nación».

En otro orden, la presidente de Consumidores Mendocinos también adhirió a la continuidad del congelamiento de tarifas de servicios públicos «hasta tanto se recomponga el poder adquisitivo de los mendocinos». Asimismo, propuso colaborar con una auditoría de las ganancias «durante los últimos cuatro años» de las distribuidoras.

Al respecto, Lamberti consideró que «fijar el precio de un servicio no es un juicio de valor, sino un tema político».

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