Es de una obviedad manifiesta expresar que toda actividad económica tiene como razón de ser el poder garantizar una rentabilidad, aunque sea mínima, de toda su cadena productiva. Tal alusión básica y evidente, viene siendo sólo una expresión de deseo para el sector que es la base y sustento del resto de los eslabones de la actividad vitivinícola: el productor primario.
Desde el Observatorio de ACOVI venimos advirtiendo esta situación desde hace varios años. Los costos de producción superan los ingresos percibidos por la venta del vino desde septiembre de 2018. Mientras la caída del precio del vino es cercana al 30% respecto a fines del 2017, el incremento de costos de producción es de aproximadamente un 110%, siendo los insumos dolarizados, las tarifas eléctricas y el combustible las variables de mayor aumento (subas de 290%, 250% y 160%, respectivamente).
Considerando este crítico contexto, entendemos que la forma de revertir esta situación es a través de la generación de políticas de estado refrendadas por todo el arco político y las instituciones privadas representativas, con el fin de garantizar previsibilidad, estabilidad y sostenibilidad de las mismas en beneficio del pequeño productor vitivinícola y el resto de la cadena.
Banco de Vinos
En este sentido, la creación de un Banco de Vinos que anunció el Gobernador de Mendoza en el desayuno de COVIAR es un importante instrumento que ayudará a estabilizar el mercado y evitar oscilaciones que distorsionan el precio. Será indispensable que su instrumentación no se convierta en un obstáculo burocrático que desaliente su adhesión y desvirtúe su objetivo.
Es necesario también generar nuevas herramientas que permitan equiparar las distintas realidades que tienen los actores intervinientes de la cadena productiva en la obtención de mercados y fidelización de estrategias conjuntas. Para ello debemos innovar en mecanismos de integración horizontal y vertical, incentivados por el Estado mediante beneficios fiscales, promocionales y financieros.
Regulación de plantaciones
Por otro lado, la regulación de plantaciones junto con la exigencia de requisitos sustentables para nuevos viñedos planteada por el Gobierno Provincial debe ser estudiada, ya que dentro de sus objetivos debe existir el fin de reordenar las plantaciones frente a la crisis hídrica, generar políticas para reactivar fincas abandonadas potenciando el desarrollo local y el arraigo, junto con la generación de oportunidades para la incorporación de jóvenes en la actividad; acompañado de políticas de incentivo y financiamiento acorde a la realidad económica y envergadura de la inversión.
La grave escasez del recurso hídrico , exige la urgente aplicación de políticas de gestión eficiente y de aplicación expedita como son: infraestructura de gran magnitud y obras complementarias, la elaboración de los balances hídricos, rever el otorgamiento de permisos precarios y temporarios, alquiler de perforaciones privadas y desarrollo de nuevas perforaciones públicas que estén cercanas a los cauces para reforzar su dotación, permitir que las inspecciones de cauce sean sujetos de crédito para el FTyC, entre otras. Además, es urgente contar con los fondos nacionales y provinciales para hacer frente a la campaña de lucha contra la lobesia botrana.
Institucionalidad
El aumento al 85% de uvas tintas para identificar un vino como tinto genérico es una acertada medida para mejorar la calidad de nuestros vinos y reconocer el esfuerzo de aquellos productores que reconvirtieron.
Por último, reafirmamos la importancia que tiene la institucionalidad en la ejecución y generación de políticas públicas mediante la articulación del sector público con el privado. La COVIAR ha sido una institución vanguardista en la gestión y promoción de la planificación estratégica de la vitivinicultura, permitiendo marcar el rumbo en el desarrollo del todo el sector.
Por Nicolás Vicchi
Subgerente de ACOVI